Créditos de carbono en Misiones, cómo se relacionan la selva y el financiamiento
El programa jurisdiccional anunciado en 2021 llegó a una certificación de Verra en 2026. Medición, registro y distribución de beneficios forman parte de un mecanismo que requiere distinguir créditos emitidos de ingresos efectivamente obtenidos.
El programa forestal ECO2 de Misiones obtuvo la certificación de Verra el 2 de junio de 2026. Abarca alrededor de 1,5 millones de hectáreas de bosque nativo y acreditó aproximadamente 10,2 millones de toneladas de dióxido de carbono equivalente en reducciones de emisiones del período 2017–2022. Es un mecanismo provincial de financiamiento por resultados ambientales, con contabilidad jurisdiccional y evaluación independiente.
La escala jurisdiccional es una de sus características centrales: el análisis comprende un territorio amplio y debe relacionar sus resultados con proyectos que puedan existir dentro de él. Ese alcance exige sistemas de contabilidad y seguimiento que eviten atribuir dos veces el mismo resultado. La conservación de la selva participa de una arquitectura técnica que transforma reducciones verificadas en unidades registradas.
El anuncio de Glasgow y el recorrido posterior
El 5 de noviembre de 2021, la provincia presentó durante la COP26 un acuerdo con Mercuria asociado al desarrollo de un programa JNR REDD+. La exposición estuvo a cargo del entonces ministro de Cambio Climático, Patricio Lombardi. La propuesta planteaba conseguir recursos vinculados con la protección de la selva y la reducción de emisiones, con participación de actores públicos, privados y comunitarios.
La evaluación del programa estuvo a cargo de Aenor como organismo de validación y verificación. Su intervención formó parte del proceso que permitió registrar el programa bajo el estándar VCS de Verra. La certificación reconoce reducciones correspondientes a un período definido; la comercialización posterior utiliza esas unidades y requiere operaciones con compradores. El acuerdo presentado en Glasgow en 2021 precedió a esa acreditación técnica.
El programa misionero utiliza el escenario 2 del marco JNR de Verra. Bajo ese esquema, un gobierno puede generar créditos por áreas forestales que no estén cubiertas por proyectos individuales, dentro de una contabilidad jurisdiccional. La relación entre escalas busca ordenar cómo se reconocen los resultados, una cuestión relevante cuando conviven iniciativas con límites y participantes diferentes.
Qué representa una unidad de carbono
Un crédito representa una tonelada de dióxido de carbono equivalente asociada a un resultado reconocido por el sistema correspondiente. En los programas forestales, la contabilidad puede considerar reducciones de emisiones derivadas de evitar deforestación y degradación. La unidad expresa un resultado climático cuantificado; no equivale a la compra de una hectárea ni transfiere, por sí misma, la propiedad del bosque.
El Nivel de Referencia de Emisiones Forestales misionero utiliza información de cambios de uso del suelo y sensores remotos. Su construcción examinó deforestación, regeneración y degradación durante 2009–2014 con imágenes Landsat. Esa base territorial permite comparar lo ocurrido en el período evaluado con un escenario de referencia. La contabilidad se apoya, por lo tanto, en cambios medidos sobre el bosque y en reglas de cálculo.
También importa el período al que corresponde el resultado. Los créditos pueden identificarse por años de generación y por las condiciones bajo las cuales fueron reconocidos. El portal provincial ofrece información sobre unidades del período 2017–2022. La fecha del resultado ambiental, la de su certificación y la de una eventual venta pueden ser distintas, y conviene mantenerlas separadas al evaluar la evolución del programa.
Certificar, vender y retirar son operaciones diferentes
La provincia informó durante 2026 un volumen superior a diez millones de créditos certificados. Esa cifra describe unidades reconocidas, no ingresos cobrados por el mismo número de operaciones. Para que exista una venta deben intervenir compradores y condiciones comerciales; para conocer recursos efectivamente recibidos hacen falta registros de las transacciones y de su liquidación.
El retiro o cancelación identifica otra etapa: una unidad se utiliza para el propósito admitido por el sistema y deja de estar disponible para una nueva utilización. La trazabilidad permite seguir ese recorrido. Un registro claro evita confundir créditos emitidos, disponibles, transferidos y retirados, estados que tienen consecuencias diferentes para quienes participan y para la información que se comunica al público.
La distinción también alcanza a los instrumentos financieros. Un crédito de carbono y un bono verde tienen estructuras distintas. El primero se vincula con una unidad ambiental reconocida; el segundo es un instrumento de deuda destinado a financiar actividades elegibles. Llamarlos indistintamente bonos puede ocultar diferencias sobre obligaciones, riesgos y forma de obtener recursos.
Ley de servicios ambientales y distribución de beneficios
El financiamiento se encuadra en la Ley provincial XVI–103 de Pagos por Servicios Ambientales. El Mecanismo de Distribución de Beneficios prevé canalizar ingresos de las ventas mediante un fideicomiso, con destinatarios vinculados a la conservación, incluidos propietarios y comunidades originarias. Las reglas de participación y asignación de recursos forman parte del programa; su existencia establece una vía para distribuir beneficios y no acredita por sí misma pagos ya realizados.
La dimensión social resulta inseparable del funcionamiento territorial. La selva incluye espacios con diferentes situaciones de tenencia y usos, y la conservación convive con actividades productivas y culturales. Un mecanismo de financiamiento debe permitir conocer cómo se relacionan esas realidades con la contabilidad ambiental. La claridad de las reglas es parte de la posibilidad de sostener la participación a lo largo del tiempo.
Los servicios ambientales del bosque exceden la unidad de carbono. La biodiversidad, las relaciones ecológicas y los usos del territorio requieren políticas y conocimientos propios. El financiamiento climático puede aportar recursos, pero sus indicadores no describen por completo el estado de una selva. Evaluar conservación implica observar también continuidad de hábitats, condiciones de manejo y participación de las poblaciones vinculadas con ellos.
El Sistema de Información de Salvaguardas reúne el seguimiento de derechos, participación y biodiversidad durante la aplicación del programa. A esa dimensión se agrega la Estrategia Provincial REDD+, que incluye ordenamiento territorial, prevención de incendios y fortalecimiento de áreas protegidas. ECO2 articula la obtención de recursos con esas líneas de conservación: el crédito corresponde al resultado climático, mientras las intervenciones se desarrollan sobre bosques y comunidades del territorio provincial.